Cuando un Estado y sus leyes se absolutizan, y la voluntad y los derechos legítimos de sus ciudadanos son ignorados, los cristianos no podemos permanecer indiferentes. Cuando un pueblo pide mayoritariamente ser escuchado para poder decidir pacíficamente y democráticamente su futuro, los cristianos no podemos hacer oídos sordos ni mirar hacia otro lado. Cuando las instituciones del Estado se cierran al diálogo y sistemáticamente responden con amenazas al clamor de una buena parte de una sociedad y al trabajo sensato de sus representantes, los cristianos estamos obligados a denunciar que las estructuras políticas y las leyes no están por encima de la dignidad y de los derechos naturales de las personas y de los pueblos.
Que nos sintamos catalanes o españoles, que deseemos una Cataluña independiente o que queramos España tal y como existe ahora, que seamos de la Cataluña profunda o hijos de la noble Castilla, ya cuenta bien poco, porque lo que está en juego va mucho más allá de una opción política determinada. Están en juego los derechos básicos sobre los que una sociedad libre y justa se fundamenta. Ni España ni un eventual nuevo Estado catalán no pueden ser fruto de imposiciones ni de un silenciamiento de la voz del pueblo: estarán legitimados en la medida que respeten lo que la población exprese en las urnas. Y en Cataluña, el pueblo ya ha hablado a través de las urnas, optando claramente por ser consultado sobre su vinculación con España.
Ante los que no reconocen la soberanía política del pueblo catalán y niegan que pueda votar sobre su posible independencia, los obispos de Cataluña, unánimemente, ya hace años que se pronunciaron a favor del «derecho a decidir» de nuestro pueblo. Lo hicieron como lo suelen hacer, prudentemente y con delicadeza: «Los derechos propios de Cataluña, así como de todos los pueblos de la tierra, están fundamentados primariamente en su misma identidad como pueblo.» La propia CEE, en un documento de 2006, reconoce que son los ciudadanos «los que tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico político más conveniente». No se trata de defender desde la Iglesia la independencia, sino el derecho a votar en Cataluña también sobre este tema, y de propiciar actitudes más flexibles y comprensivas de la realidad catalana por parte del Estado.
Ojalá que la Iglesia en España, por boca de sus pastores y de muchos miembros suyos representativos, pudiese ser pionera en defender la legitimidad de la consulta en Cataluña y así favorecer un mayor entendimiento entre los pueblos que hoy constituyen el Estado español, independientemente de que en un futuro próximo continúen formando parte de él o no…
Cinto Busquet
La Seu d’Urgell, septiembre 2014
