Para un ministro ordenado de la Iglesia católica, no es correcto tomar partido públicamente por una posición política opinable, por mucho que ésta pueda ser de gran trascendencia o le pueda parecer objetivamente la más justa. Es por eso que no debería pronunciarme sobre el gran tema de debate en nuestro país desde el pasado 11 de Septiembre, la independencia política de Cataluña; pero cuando, desde las más altas instancias de la institución eclesial en España, se defiende sin tapujos «esa antigua nación que es España» y se demuestra «gran inquietud» ante «propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad», todos estamos legitimados a dar nuestra opinión, también obispos y sacerdotes.
Con una demagogia moralizante sesgada, se nos habla del «bien de la unidad» y del «bien común» para justificar que lo mejor para todos es mantener la actual España y que la creación de un nuevo Estado catalán sería un proyecto insolidario y terriblemente negativo para todos. Que esto lo digan desde ciertos partidos o medios de comunicación españolistas, se puede esperar; pero que esta cantinela resuene desde la Conferencia Episcopal Española nos entristece profundamente a los que creemos que los sentimientos nacionalistas nunca tendrían que predominar por encima de los sentimientos evangélicos en el corazón de los cristianos.
No somos pocos los que hemos llegado a la conclusión de que será un bien para todos que Cataluña se constituya como Estado independiente, porque sólo así será posible finalmente establecer relaciones serenas y justas de buenos vecinos en el marco común compartido de la Unión Europea, donde ya nos encontramos todos plenamente insertados.
Creo que ha llegado la hora, también en el ámbito eclesial, de dejarnos de excesivas prudencias y de decir, movidos por la verdad y la justicia, cuáles son nuestros sentimientos y nuestras aspiraciones como hijos de nuestro pueblo, sin miedo a que nos acusen de estar más preocupados por la causa nacional catalana que por la evangelización de nuestra sociedad.
Esperamos y rezamos para que los obispos de Cataluña puedan hacerlo también con sus hermanos obispos del resto del Estado, y que sean escuchados y comprendidos. Y ojalá que, de este diálogo fraterno y sincero, salga una nueva declaración de la CEE, más de acuerdo con el Magisterio universal de la Iglesia católica sobre los derechos de las personas y de los pueblos.
Cinto Busquet
Puigcerdà, noviembre 2012
