Es profundamente triste y moralmente inaceptable, desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia católica universal, que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, al día siguiente de que el legítimo gobierno de Cataluña con un amplio apoyo parlamentario anunciara la fecha y los términos de la consulta, pontificara públicamente, citando declaraciones anteriores de la CEE, que preguntar al pueblo de Cataluña sobre su futuro político equivale a «poner en peligro la convivencia de los españoles negando unilateralmente la soberanía de España» y que esto no es «prudente ni moralmente aceptable». Lo que es ciertamente «inadmisible», según la lógica del Evangelio y de los derechos naturales de los pueblos, no es pretender alterar un ordenamiento jurídico por parte del pueblo de Cataluña, sino negar sistemáticamente al pueblo catalán por parte del Estado español la posibilidad de ser consultado democráticamente.
La misma Plenaria de la CEE aprobó en noviembre de 2006 un texto donde se afirma que la Iglesia reconoce «la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España» y que «son los dirigentes políticos y, en último término, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa, transparente y veraz, los que deben elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico político más conveniente».
Nuestros obispos catalanes ya se han expresado de manera inequívoca y colectiva, en varias ocasiones, sobre los derechos nacionales de Cataluña como pueblo, y esperemos que, de manera clara y unánime, se manifiesten muy pronto sobre la necesidad y la conveniencia, para el bien común de todos, de que las instituciones del Estado español respeten la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana de expresar con su voto si quiere constituirse o no en un nuevo Estado independiente. ¡Ojalá fuera el conjunto del episcopado español que se pronunciara en este sentido, pensando en el verdadero bien de todos!
Porque lo cierto es que el proceso hacia la plena soberanía nacional de Cataluña, como muy bien sabemos quienes vivimos aquí, no quiere generar divisiones ni fomentar oposiciones, sino eliminar las continuas tensiones y malentendidos que, desde hace demasiado tiempo, desgastan y dificultan una sana convivencia, y tratar de establecer un nuevo marco político que haga que nunca se tenga que hablar más en España del problema catalán, ni en Cataluña de España como problema.
Cinto Busquet
Puigcerdà, diciembre 2013
