Iglesia y autodeterminación

En estos momentos de gran trascendencia histórica para nuestro país, es importante que en la Iglesia y desde la Iglesia se hable claro y se recuerde, sin eufemismos, cuál es la enseñanza de nuestros Pastores sobre la realidad nacional de Cataluña y su derecho a decidir el propio futuro.

Los actuales obispos de las diócesis catalanas, en su documento conjunto Al servicio de nuestro pueblo, reconocen «la personalidad y los rasgos nacionales propios de Cataluña, en el sentido genuino de la expresión» y defienden «el derecho a reivindicar y promover todo lo que ello comporta» (n. 4), así como «la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos», porque «los derechos propios de Cataluña, así como de todos los pueblos de la tierra, están fundamentados primariamente en su propia identidad como pueblo» (n. 5).

Ciertamente, la Iglesia como institución no se tiene que pronunciar ni a favor del establecimiento de Cataluña como un nuevo Estado independiente de la Unión Europea ni por la continuidad de España tal y como actualmente existe. Ahora bien, según su Magisterio, la Iglesia tiene el deber de proclamar que Cataluña como nación tiene el derecho de organizarse políticamente tal y como sus ciudadanos libremente decidan, y que nadie está legitimado moralmente para impedir que este derecho se ejerza.

Las actuales instituciones y las leyes del Estado español no están por encima de los derechos naturales de sus ciudadanos y de los pueblos que lo componen. Sólo si actúan y promueven lo que estos derechos exigen, las instituciones y las leyes del Estado son justas y poseen autoridad moral universalmente reconocida.

Después de la multitudinaria manifestación del 11 de Septiembre en Barcelona y de la resolución del Parlamento de Cataluña en la que constata «la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo», no es moralmente admisible, aunque pueda estar de acuerdo con la actual Constitución española, amenazar desde el Gobierno del Estado con la invalidación automática de la convocatoria de una consulta popular sobre esta temática, y mucho menos abogar por la criminalización del presidente de la Generalitat si la promueve.

El pueblo catalán es «sujeto político» por derecho natural. Es el pueblo catalán, y sólo él, no el conjunto de la ciudadanía del Estado, quien tiene en sí mismo el derecho a decidir si quiere continuar formando parte de España o bien separarse.

Ojalá que la Iglesia, desde Barcelona y desde Madrid, hable un mismo lenguaje y sea ejemplo para la sociedad civil, para que el proceso en marcha en Cataluña y en España, dé el resultado que dé, ayude a la concordia y a un mayor respeto entre todos los habitantes y los pueblos de Hispania.

Cinto Busquet
Puigcerdà, octubre 2012

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